La presencia de trabajadores inmigrantes en España es positiva para la economía y la sociedad

España era hasta los años 70 un país emisor de emigrantes. En la década de los 50 y 60 muchos españoles emigraron a países europeos, fundamentalmente a Alemania, Inglaterra y Francia, en busca de trabajo. Sin embargo, hoy, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), incluye a España entre los veinte destinos preferentes de las migraciones internacionales. Según datos del INE del pasado mes de enero, el 11,7% de la población española son extranjeros, la mayoría procedentes de Marruecos y América Latina, y se concentran los núcleos urbanos de las poblaciones más pobladas: Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunitat valenciana.  Especial atención merecen, considera Carlota Solé, los jóvenes inmigrantes por su futura integración en el mercado laboral. En nuestro país en 2022 eran 50.272 los menores de 18 años.

La crisis económica de 2007-2008 produjo un cambio en la tendencia general, explica Solé, “por un breve tiempo, España volvió a ser un país de emigración, especialmente de inmigrantes cualificados”.

Legislación sobre migraciones

De 1985, un año antes de la entrada de España en la CEE, data la primera legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Posteriores reformas legislativas superan los “planteamientos restringidos” de aquella primera ley hasta la aprobación, en 2022, del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, que tiene como objetivo la mejora del modelo migratorio y sus procedimientos a fin de favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes.

El nuevo reglamento se centra en tres puntos principales, explica Carlota Solé. En primer lugar, en facilitar la consecución de un permiso de trabajo para extranjeros extracomunitarios, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En segundo lugar, en facilitar la obtención de permisos de trabajo compatibles con el permiso de estancia por estudios, y, en tercer lugar, en crear una nueva figura de residencia para extranjeros en situación irregular para que puedan recibir formación y empezar a ocupar puestos de empleo técnicos que se demandan.

La reforma de la Ley de Extranjería, resume la ponente, rebaja el número y contenido de los numerosos requisitos exigidos a los jóvenes inmigrantes para obtener los permisos de residencia y de trabajo, reduce los plazos para obtener la residencia y aumenta la vigencia de los permisos de residencia y facilita el acceso a un empleo con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado de trabajo y su inclusión social. 

Integración socioeconómica y cultural

“La presencia de trabajadores inmigrantes en España es positiva para la economía y la sociedad”, asegura la experta en migraciones. Y lo explica: los inmigrantes contribuyen a reducir el envejecimiento de la población, al aumento de la población activa y al desarrollo y dinamismo de sectores económicos intensivos en mano de obra y de gran peso en la economía española como son construcción, hostelería, turismo, comercio, agricultura, servicio doméstico y de asistencia, entre otros. Sin embargo, apunta Solé, al concentrarse en ocupaciones no cualificadas de empleo temporal y bajos salarios, “esta población activa presenta frecuentes situaciones de mayor pobreza y exclusión social”.

Además, el balance fiscal de la inmigración, es decir, el saldo entre lo que aporta a las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones y lo que percibe en forma de prestaciones monetarias o de servicios, es positivo. Contribuye también a sostener la Seguridad Social en España y es positiva porque las remesas juegan igualmente un papel positivo para el desarrollo económico de los países y regiones de origen.  “Las migraciones pueden constituir en el futuro un revulsivo en términos demográficos, laborales, económicos, sociales, culturales y políticos”, concluye Carlota Solé.